Slide background
Abog. Abraham Alvarenga

Procurador General de la República

Slide background

Sentencias

Desmostrando Resultados

Slide background

Compromiso

Eficiencia

Responsabilidad

La Procuraduría General de la República

Informa a la ciudadanía en general lo siguiente: 

Las Demandas de Repetición contra Funcionarios o Ex Funcionarios Públicos, ejercidas durante los últimos años por nuestra institución en nombre del Estado de Honduras ante los distintos Tribunales de Justicia, tienen su fundamento en las disposiciones constitucionales descritas en los artículos 321, 323 y 324, que

disponen: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley.

Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella” y “si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos pueden ejercitar contra el servidor responsable en los casos de culpa o dolo”.

Bajo las consideraciones normativas antes expuestas, dentro del marco su gestión la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Dirección Nacional de Procuración Judicial, ha emprendido una serie de acciones legales con el objetivo de recuperar el daño patrimonial causado al Estado de Honduras. Tal y como se ha informado en ocasiones anteriores, a la fecha se han interpuesto más de 1, 114 demandas contra particulares, funcionarios o ex funcionarios públicos, en concepto de sanciones pecuniarias, ejecución de pliegos de responsabilidad provenientes del Tribunal Superior de Cuentas y Demandas de Repetición.

 

 

Nuestra filosofía de gestión por resultados, se basa en ejercer una función pro-activa en la defensa de los altos intereses del Estado de Honduras y en la recuperación de activos por el daño patrimonial que se le ha causado en casos concretos, mediante el irrestricto cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la República y en las demás leyes vigentes en Honduras. Además con estas acciones, nuestra intención es generar un grado de reflexión en la ciudadanía, en la administración pública y en los operadores de justicia, de la existencia de una cultura de acciones de repetición de esta índole, que con el tiempo se irán observando con absoluta normalidad.

 

 

En función de ello, pedimos la debida comprensión a la ciudadanía, por no comparecer públicamente a través de medios de comunicación o redes sociales a discutir demandas, juicios o estrategias de defensa de los intereses del Estado en los distintos procesos judiciales que ventilamos diariamente, primero porque debemos actuar con prudencia y objetividad, y sobre todo en segundo término, porque somos respetuosos de los derechos y garantías que ostentan nuestros demandados y que se consagran en la Constitución de la República, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

 

Reafirmamos nuestro compromiso de mantener este proceso histórico de acciones judiciales, contra particulares, funcionarios o ex funcionarios públicos por deudas y asuntos pendientes con el Estado de Honduras.